Compartimos esta nota que publica El Sol de Hidalgo hoy 31 de julio de 2013
Por La Redacción
Pachuca, Hidalgo.- La gestión autónoma de pueblos y comunidades indígenas, enmarcadas en su beneficio de dispensárseles reglas de operación en dependencias estatales y delegaciones federales, no será botín político porque buscarán presupuestos sólo a través de sus autoridades tradicionales, las cuales son elegidas por asambleas organizadas en cada poblado.
Así lo señaló el diputado local panista, Prisco Manuel Gutiérrez, quien argumentó que en la Ley de Derechos y Cultura Indígena se determina que una autoridad indígena es elegida en Asamblea, órgano que es máxima autoridad de un pueblo indígena, y es reconocida como una vía institucional ante los gobiernos municipal, estatal y federal.
Sin embargo, apuntó que los partidos políticos, por su propia naturaleza social, deben llegar a la ciudadanía a ofrecer sus propuestas, "pero la ley contempla que los indígenas con su autonomía, autogobierno y la posibilidad de auto organizarse, tienen posibilidades abiertas con gobiernos vigentes en el municipio, estado y federación, para estructurar su desarrollo".
En este sentido, señaló que este beneficio llega con el proceso de armonización en materia de derecho y cultura indígena que ordena la reforma del 2001 al artículo 2 de la Constitución General de la República, cumpliéndose en el Congreso, ayer, con la aprobación de dictámenes, entre los que se encuentra el catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas que contempla la Ley de Derechos y Cultura Indígenas.
Reconoció que a 12 años de esa enmienda constitucional, el proceso de armonización en materia de derecho y cultura indígena y finalmente se dio en Hidalgo, estado que es de los pioneros en el tema beneficiando a los pueblos indígenas con leyes que combaten su pobreza extrema.
Asimismo, señaló que las reformas a la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, así como a la Ley de Turismo Sustentable, y la creación de la Ley de Derechos Lingüísticos, fomentan desarrollo y turismo sustentables, un mayor presupuesto, planes de desarrollo con proyección de 20 a 30 años y dispensan reglas de operación a poblados que integren el Catálogo de Comunidades y Pueblos Indígenas.
Pachuca, Hidalgo.- La gestión autónoma de pueblos y comunidades indígenas, enmarcadas en su beneficio de dispensárseles reglas de operación en dependencias estatales y delegaciones federales, no será botín político porque buscarán presupuestos sólo a través de sus autoridades tradicionales, las cuales son elegidas por asambleas organizadas en cada poblado.
Así lo señaló el diputado local panista, Prisco Manuel Gutiérrez, quien argumentó que en la Ley de Derechos y Cultura Indígena se determina que una autoridad indígena es elegida en Asamblea, órgano que es máxima autoridad de un pueblo indígena, y es reconocida como una vía institucional ante los gobiernos municipal, estatal y federal.
Sin embargo, apuntó que los partidos políticos, por su propia naturaleza social, deben llegar a la ciudadanía a ofrecer sus propuestas, "pero la ley contempla que los indígenas con su autonomía, autogobierno y la posibilidad de auto organizarse, tienen posibilidades abiertas con gobiernos vigentes en el municipio, estado y federación, para estructurar su desarrollo".
En este sentido, señaló que este beneficio llega con el proceso de armonización en materia de derecho y cultura indígena que ordena la reforma del 2001 al artículo 2 de la Constitución General de la República, cumpliéndose en el Congreso, ayer, con la aprobación de dictámenes, entre los que se encuentra el catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas que contempla la Ley de Derechos y Cultura Indígenas.
Reconoció que a 12 años de esa enmienda constitucional, el proceso de armonización en materia de derecho y cultura indígena y finalmente se dio en Hidalgo, estado que es de los pioneros en el tema beneficiando a los pueblos indígenas con leyes que combaten su pobreza extrema.
Asimismo, señaló que las reformas a la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, así como a la Ley de Turismo Sustentable, y la creación de la Ley de Derechos Lingüísticos, fomentan desarrollo y turismo sustentables, un mayor presupuesto, planes de desarrollo con proyección de 20 a 30 años y dispensan reglas de operación a poblados que integren el Catálogo de Comunidades y Pueblos Indígenas.
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