Avalan formas de gobierno indígena con cambios a la Ley de Derechos y Cultura

Nota informativa publicada por El Independiente: consulta el texto original aquí

Garantizar que comunidades indígenas sean consultadas en las medidas legislativas o administrativas que incidan en sus derechos con la finalidad de lograr su consentimiento libre e informado, es la finalidad de la reforma a la Ley de Derechos y Cultura Indígena. 

Las modificaciones aprobadas ayer por los diputados reconocen a la asamblea general “como la máxima autoridad para elegir representantes en el gobierno interno, además de regular y solucionar conflictos, y decidir sobre faenas y servicio público”. 

Comunidades indígenas “presentarán anualmente ante ayuntamientos, con acta de asamblea general comunitaria, proyectos de obras para beneficio común, a fin que estén en condiciones de asignarles partidas presupuestales”. Gobierno estatal, así como municipales “crearán instancia para atención y desarrollo integral de pueblos indígenas que será vínculo para la gestión y seguimiento de programas gubernamentales”. 

Llevarán a cabo “registro de autoridades indígenas, con las que habrán de vincularse objetivos de los tres órdenes de gobierno, e impulsarán programas para la regularización y delimitación de la tenencia de la tierra”. Agrega que los pueblos indígenas podrán ser consultados en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y reformas de organismos públicos.

 También localidades deberán proponer al municipio y estado planes de desarrollo rural comunitario de 20 a 30 años. Las consultas serán a través de “emisión de convocatoria, sistematización de resultados, análisis y elaboración de documento que será divulgado y traducido en plazo de 90 días”. 

Catálogo de comunidades 

En una primera etapa, el catálogo de comunidades indígenas abarcó mil 53 localidades de 31 municipios de la entidad y quedaron fuera 32 que no contaban con autoridades tradicionales o asambleas comunitarias.
 Este documento fue incluido en la reforma a la Ley de Derechos y Cultura Indígena, presentada por el diputado Prisco Manuel Gutiérrez y reconoce a Jaltocán, Xochiatipan y Yahualica como pueblos indígenas. Atlapexco también tenía la posibilidad de ser catalogado como pueblo indígena pero no fue posible debido a la falta de disposición del alcalde Antero Nochebuena Hernández, acusó el legislador albiazul. 

La siguiente Legislatura que toma posesión en septiembre deberá dar continuidad al catálogo con la finalidad de contemplar los 84 municipios. El ayuntamiento podrá solicitar al Congreso modificar el catálogo luego de cuatro años para incluir más localidades, siempre y cuando tome en cuenta hablantes de lengua indígena, usos y costumbres, leyendas y creencias. 

Tal documento fue elaborado por la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), tras aplicar en meses anteriores cédula antropológica a autoridades de cada una de las localidades. La reforma señala que Hidalgo “tiene composición pluricultural y plurilingüe sustentada originalmente en pueblos indígenas nahua, otomí, tepehua, tének y pame”. 

Ley de derechos lingüísticos 

Espacios en medios de comunicación para comunidades indígenas, servicios de salud y justicia en lenguas maternas, así como libros y planes de estudio que las preserven es parte de la Ley de Derechos Lingüísticos aprobada por legisladores. “Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, acceder plenamente a la gestión y servicios e información en la entidad.” 

La ley reglamenta el artículo quinto de la Constitución de Hidalgo y fue presentada por los diputados de Acción Nacional y Nueva Alianza. Plantea que el estado “establecerá condiciones para que pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, así como 30 por ciento del porcentaje de tiempo que dispone el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo. “Difundir a través de textos, medios audiovisuales e informáticos leyes, reglamentos, contenidos de programas, obras, servicios dirigidos a pueblos y comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.” 

Pide garantizar “traductores e intérpretes en lenguas indígenas en todas las instituciones públicas a fin de propiciar fluidez de comunicación y atención de la población sin distinción”. Las autoridades estatales y municipales “responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto que en los juicios indígenas sean asistidos gratuitamente”. 

Para garantizar ese derecho, “en todos los procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomar en cuenta sus sistemas normativos y culturales”. 
El estado fomentará que “la población indígena tenga acceso a educación intercultural y bilingüe, y adoptará medidas para que el sistema educativo asegure respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua”. 

Tendrá que crear “bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u otras instituciones que conserven los materiales lingüísticos”. Asegurará “acceso a servicios de salud con pertinencia cultural y lingüística, al respetar usos y costumbres e integrar intérpretes y traductores en hospitales generales”. 

Abusos y costumbres 

La armonización de leyes en materia de derechos indígenas no avala retención de personas y expulsión de familias al argumentar usos y costumbres, señaló el diputado Prisco Manuel Gutiérrez.
Serán los regidores de ayuntamientos quienes conozcan de primera mano usos y costumbres de comunidades con la finalidad de iniciar su reglamentación “En este momento hay muchas cosas que a modo son catalogadas como usos y costumbres por las propias comunidades y que podrían ser violaciones a derechos humanos”, dijo